NORMATIVIDAD APLICABLE.

• Artículo 86 Constitución Política de Colombia de 1991.

• Decreto – Ley 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 

• Decreto 306 de 1992 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”. • Decreto 1382 de 2002, “Por el cual se establecen reglas de reparto de la acción de tutela”. 

• Decreto 1834 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas”.

OBJETO DE LA ACCIÓN DE LA TUTELA.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares (Capítulo III Decreto 2591 de 1991).

La tutela es un trámite sumario que busca la efectividad de los derechos fundamentales y es alrededor de este eje central donde se desenvuelven todas las etapas procesales, los poderes del juez y de las partes, y la razón que sustenta la argumentación que justifica las órdenes dadas en este proceso constitucional

NOTIFICACIÓN:

El fallo de tutela debe notificarse por el medio que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido (artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991).

CONTESTACIÓN.

Se contestará dentro del plazo otorgado por el Despacho Judicial, teniendo en cuenta el pronunciamiento que haya expedido la Dependencia competente en el asunto.

CUMPLIMIENTO DEL FALLO.

El cumplimiento del fallo implica una responsabilidad objetiva que cubre tanto al servidor público que incumplió como al superior requerido. Si bien es cierto, el peticionario puede solicitar el cumplimiento de la sentencia de tutela, es obligación del juez -de oficio- realizar todas las acciones conducentes al cumplimiento de su orden en el evento de que se entere de la existencia de un incumplimiento.

Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

• Si no lo hace dentro de las 48 horas siguientes: el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

• Pasadas otras 48 horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.

• El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.

IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los 3 días siguientes a su notificación.

Podrá ser impugnado por: el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.

Notificada la sentencia de tutela, las partes del proceso tienen tres días para presentar el recurso de impugnación (Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991). De este modo, es a partir en que se conoció de la decisión de instancia, que empieza a correr los tres días para la impugnación, para tal efecto debe existir certeza sobre la fecha de recepción, es decir, debe estar probado el acto de notificación. La presentación del recurso de impugnación no impide el cumplimiento inmediato de lo ordenado en la acción de tutela. La impugnación podrá ser presentada por el defensor del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente.

DESACATO.

El incidente de desacato es el mecanismo por medio del cual se exige coercitivamente a las autoridades públicas y a los particulares el cumplimiento de las órdenes que se les imparten. El objetivo del poder sancionatorio es lograr la eficacia de las órdenes proferidas tendientes a proteger el derecho fundamental reclamado. El desacato es un ejercicio de la potestad disciplinaria, del poder correccional, para sancionar con arresto y multa a quien desatienda las órdenes para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales. Así entonces, lo que esencialmente se pretende con el desacato es el cumplimiento de la orden impartida y no la imposición de una sanción.

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece el incidente de desacato como una sanción ante el incumplimiento de una orden de tutela (La persona que incumpliere una orden de un juez proferido con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo). La persona que incumple lo decidido en una sentencia de tutela incurre en desacato sancionable con arresto de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Sanciones penales. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar. También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado.

Quien incumpla una orden de un juez proferido con base en la acción de tutela, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 SMLMV, salvo que ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.